Los límites del uso de una autocaravana como alojamiento.

A pesar de ello, algunas Administraciones Públicas tales como Costas o la Dirección de Turismo de Asturias, aplican sus propias normas a los pasajeros que permanecen en el interior de una autocaravana correctamente estacionada dando lugar a denuncias, expedientes y sanciones.

Además, algunos ayuntamientos han aprobado Ordenanzas Municipales en las que prohíben expresamente el uso como vivienda de las autocaravanas estacionadas las vías públicas de sus municipios.

Estas circunstancias han dado pié a un número creciente de conflictos entre los usuarios y las administraciones con dos criterios enfrentados:

  • El de la administración que aplica la normativa que regula la acampada a los pasajeros.
  • El de los usuarios que consideramos que se vulnera el derecho a estacionar un vehículo aunque esté ocupado

Estos conflictos han producido diversos expedientes sancionadores cuyos recursos han sido desestimados en el proceso administrativo y los pocos que han llegado a los Tribunales Superiores de lo Contencioso han sido fallados a favor de la administración . Sentencias que que no han podido ser llevadas al Supremo por falta de recursos y que han sido resueltas por lo jueces con sentencias fotocopiadas de los argumentos de la administración sin entrar en el fondo del conflicto.

Es frustrante para el ciudadano comprobar cómo sus derechos son pisoteados por una administración que es a la vez juez y parte, que maneja unos recursos ilimitados que han sido proporcionados a través de los impuestos de los mismos ciudadanos que se ven obligados a gastar cuatro o cinco mil euros para interponer un recurso contra una sanción de sesenta.

El camino que lleve al reconocimiento legal de la pernocta en una autocaravana estacionada de acuerdo con las normas de tráfico será largo y difícil, porque dependerá de la aplicación de la Ley que cada administración quiera hacer y mientras no haya jurisprudencia en contra, la aplicación de las normas que regulan la acampada tienen, por el momento, el respaldo de los tribunales de lo contencioso que en ningún caso ha entrado a tratar el fondo del conflicto y que se debería llevar al Tribunal Supremo para establecer definitivamente si es lícita o no la aplicación del ámbito legal que regula la acampada a los ocupantes de un vehículo estacionado en la vía pública.

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