Los límites del uso de una autocaravana como alojamiento.

No existe una fórmula legal o política que obligue a aplicar las leyes de tráfico, en todo el Estado, a una autocaravana estacionada utilizada como alojamiento en lugar de las de acampada. Y las normas que regulan la acampada, bien sean derivadas de las Leyes de Turismo o bien de las Leyes de Protección Medioambiental, no dependen del Estado porque las competencias están transferidas en exclusiva excepto la de Costas y las de los Parques Nacionales.

Los usuarios tenemos un trabajo pendiente si queremos intervenir en las decisiones de las diferentes administraciones en lo relativo a la redacción de normas que regulen específicamente el uso de las autocaravanas estacionadas en el espacio público. Esta regulación está en manos de diferentes administraciones y es necesaria para establecer las competencias de los ayuntamientos, con sus límites, que decidan regular mediante ordenanzas municipales el uso de las autocaravanas como alojamiento.

La principal amenaza para nuestro futuro la tenemos en las Ordenanzas Municipales que se oponen al uso de la autocaravana estacionada como alojamiento en todo un término municipal. Estas Ordenanzas Municipales, como norma subordinada a las Leyes, se deben apoyar en otras diferentes a las de Tráfico. Por ello es necesario, en el marco de esas mismas leyes, establecer claramente los límites entre lo permitido y lo prohibido. Estos límites tienen que afectar única y necesariamente al lugar, la forma y al tiempo y nunca impedir el uso de una autocaravana como alojamiento en todo un término municipal. Unas normas que impidan limitar obligatoriamente el uso de una autocaravana a los camping.

Frente a la prohibición de la pernocta, excepto en los lugares autorizados, tal como establece el Reglamento de Campamentos de Turismo del Principado de Asturias. Del uso como alojamiento que prohíben las Ordenanzas de algunos ayuntamientos, entre otros, Conil, Vejer, Motril o Salobreña o, de hecho, con la aplicación lesiva del artículo 68 del Reglamento de Costas; desde los colectivos de usuarios debemos plantear la regulación de los aspectos puntuales que afectan a la forma y el tiempo y que van marcar con claridad la separación entre lo legal y lo prohibido.

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