Los límites del uso de una autocaravana como alojamiento.

Hay actitudes cerradas como las de la Dirección de Turismo del Principado de Asturias o de los ayuntamientos de Vejer, Motril, Conil o Salobreña, entre otros, enrocados en la defensa de los intereses privados de los empresarios de camping, donde el diálogo ha sido agotado y donde no se ha querido escuchar las razones expuestas por las asociaciones de usuarios. Una vez agotadas las posibilidades de diálogo, frente a estas actitudes, quedan pocas alternativas: la presión social, la vía jurídica hasta sus últimas consecuencias en el Supremo.

Para establecer unos topes a las competencias de los ayuntamientos en materia de Ordenanzas Municipales que afecten al uso de las autocaravanas como alojamiento en relación a la acampada,y evitar con ello prohibiciones absolutas de la pernocta, es necesario disponer de unos Reglamentos de ámbito autonómico que permitan el uso racional de las autocarvanas como alojamiento turístico temporal.

Debemos ser conscientes de que en nuestro país existen electos que consideran a los municipios como algo de su propiedad y que por encima de los derechos de los ciudadanos y de la ley, se pliegan a la presion de lobbys, imponen su voluntad o responden únicamente a impulsos que les garanticen la perpetuidad en el pesebre, con estos políticos es inútil tratar de dialogar, solo queda la denuncia, el rechazo público, la presión social y la vía jurídica desde el colectivo organizado.

Sin embargo, existen multitud de municipios que disponen de políticos abiertos a un diálogo entre los cuales se pueden pactar condiciones que modulen el tiempo y la forma de estacionamiento de autocaravanas usadas como alojamiento a cambio del reconocimiento explícito de que permanecer en el interior en la forma y tiempo regulados racionalmente, a la luz de la normativa en materia de tráfico, es legal.

Un diálogo que parte del convencimiento de que a los usuarios de una autocaravana, como vehículo, se les debe aplicar, en primer lugar, las leyes de tráfico y que, solo una infracción que vulnere las normas establecidas que limitan la forma y el tiempo, puede ser objeto de un infracción administrativa.

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