Escenario legal de la pernocta

La pernocta, entendida como la presencia de los pasajeros en el interior de una autocaravana aparcada en un lugar autorizado bajo las normas de Seguridad Vial, en horario nocturno, está tratada actualmente en España como un hecho ilícito de acampada libre por algunas administraciones públicas.

La resolución de numerosos expedientes incoados a autocaravanistas por pernoctar y las sentencias dictadas en algunos recursos judiciales, sitúan el tratamiento legal de la pernocta en el ámbito de las normas que regulan la acampada. Cuando las personas responsables de tomar decisiones y orientar a los grupos, son incapaces de analizar objetivamente la causa y el contexto de un problema, las decisiones que se toman para resolverlos casi siempre son erróneas. Esta es la situación actual del autocaravanismo en España debido en parte a la falta de diálogo entre los responsables de los grupos organizados de usuarios.

Las administraciones con capacidad normativa nos tratan legalmente como campistas mientras que los argumentos que utilizamos los autocaravanistas  en defensa de la legalidad de la pernocta pertenecen a un ámbito normativo diferente. Es como si se aplicara escayola en la pierna derecha mientras la fractura está en la izquierda.

Durante años, un grupo de autocaravanistas se ha estrellado contra el muro de la Constitución tratando de que la regulación del uso de las autocaravanas como alojamiento se enmarque en la normativa que regula el tráfico de vehículos. También ha tratado sin éxito de que el Parlamento apruebe una norma de ámbito nacional para regular el uso de las autocaravanas como alojamiento que impida que a la pernocta se le apliquen las normas que regulan la acampada.

Cabe destacar unos hechos que explican el porqué en España, a diferencia de otros países de la UE, a la pernocta en una autocaravana estacionada en un lugar autorizado se le aplican las normas que regulan la acampada;

  • En muchos países de la UE, la acampada es un derecho ciudadano cuyos límites están establecidos por la defensa de los intereses públicos, por la protección medioambiental y por la educación cívica de sus ciudadanos. En España prima el monopolio que el Estado cede a los empresarios de camping.
  • La normativa que se ha generado en torno a los campings, enmarcada en las leyes que regulan el turismo, incluyen la acampada como algo indisoluble del camping excepto en Navarra y Aragón que disponen de normativas independientes que regulan la acampada en el ámbito de la protección medioambiental, como es más lógico.
  • Todas las normas que tratan la acampada, sean turísticas, costas o protección de espacios naturales prohíben la acampada libre y las que se enmarcan en turismo, además, incluyen en la definición “fuera de un campamento de turismo autorizado”.
  • En España, el uso libre de la autocaravana como alojamiento ha desencadenado una oposición numantina por parte de los empresarios de camping. Este sector empresarial está fuertemente embebido en algunas administraciones autonómicas y ayuntamientos a través de las asociaciones profesionales y las Federaciones de Municipios y Provincias quienes han asumido sus argumentos. Como ejemplo de su presencia cabe destacar que la Dirección de Turismo del Principado ha pagado con dinero público un informe del gabinete jurídico de Garrigues Walker en apoyo de las tesis de los empresarios de camping en contra de la pernocta libre. Los empresarios de camping mantienen una presencia constante en los mismos medios de comunicación en los que se anuncian. En la defensa de sus intereses invierten mucho tiempo e incluso dinero como para pagar un informe de parte firmado por el gabinete de Jiménez de Parga sobre el ámbito legal de la pernocta que favorece sus intereses.
  • Una vez enmarcada la pernocta en las normas que regulan la acampada, su aplicación depende de las fuerzas de seguridad del Estado generalmente el SEPRONA que se convierte en un instrumento al alcance del empresario del camping local para intimidar a los autocaravanistas que pernoctan en sus inmediaciones. Los funcionarios encargados de tramitar las denuncias, bien sean de Costas o de Turismo, se muestran ciegos y sordos a los argumentos que planteamos los autocaravanistas para ser únicamente receptivos con los que plantean los empresarios.

La Constitución española confiere competencias exclusivas a las Comunidades Autonómicas en materia de turismo que regula la acampada, por otra parte, la Ley de Costas y las normas que regulan el uso de espacios protegidos también se aplican a la pernocta en autocaravana. La propia DGT ha colocado fuera de su normativa la regulación del uso de la autocaravana como medio de pernocta y ha dejado bien claro que no tiene competencia para establecer la diferencia entre acampar y aparcar.

La DGT, en 2008 distribuye la circular 08/V-74 dirigida a todas las autoridades que controlan el cumplimiento de la normativa en materia de tráfico, en la que cursa instrucciones específicas para interpretar las normas del Reglamento de Circulación que afectan a la movilidad de las autocaravanas. Sin embargo, en ningún párrafo indica que los pasajeros que permanecen en el interior de una autocaravana aparcada no acampa, no puede, no tiene competencia ni tampoco interés y lo que no puede ser, además es imposible, la Constitución no lo permite.

Es más, la misma DGT que se había comprometido a trasladar el texto de la ITC 08/V-74, que interpreta el estacionamiento de las autocaravanas, al nuevo Reglamento General de Circulación, incumple su palabra y nos deja a los autocaravanistas solos frente a las normas que regulan la acampada.

Si la pernocta queda fuera de las normas de Seguridad Vial, el único espacio regulador que queda es el de Turismo. Esta es la realidad actual y, en parte, es la consecuencia de haber cometido el error de confiar exclusivamente en la DGT y no haber sabido orientar a tiempo la pernocta hacia otro espacio normativo cuando el colectivo, y no una o dos personas, tuvo la oportunidad. La responsabilidad del error recae en quienes teniendo en su mano los medios, han retenido la exclusiva del diálogo con los políticos y la administración entre los años 2006 y 2008 a pesar de las advertencias y las ofertas de colaboración de los que veíamos más allá de la DGT.

El escenario legal que podemos contemplar en la actualidad, que limita o regula la pernocta, es complejo. En la práctica, en las vías públicas urbanas, dependemos de las decisiones de los ayuntamientos y en las vías interurbanas de la respuesta de diferentes autoridades y administraciones ante la presión de los campings locales.

La pernocta en las poblaciones se regula por medio de Ordenanzas Municipales, que son normas subordinadas a la Ley. Los ayuntamientos, además, pueden dictar OOMM sobre el tráfico de vehículos al amparo del artículo 93 del Reglamento General de Circulación.

Por otra parte, los ayuntamientos disponen de amplias competencias normativas en la regulación del uso las autocaravanas como alojamiento otorgadas por la Ley de Bases del Régimen Local que afectan a la prohibición de la acampada (respaldada por las leyes de Turismo, de Costas o de Protección de Espacios Naturales), al uso del suelo público y a las normas de convivencia cívica.

En las vías interurbanas la normativa que se aplica es la de Turismo en la mayoría de las CCAA, excepto en Navarra y Aragón que disponen de normas específicas que regulan la acampada y Canarias que no tiene ninguna norma. En la franja de la costa, a la pernocta, se le aplica la Ley de Costas así como en su zona de influencia y las normas que regulan la protección de Espacios Naturales en los espacios protegidos.

A pesar de todas las normas, la pernocta es posible en la mayor parte del territorio del Estado Español, pero no porque haya unos derechos reconocidos, sino porque no hay voluntad de aplicar las normas (permisividad). La permisividad, en especial en el pretérito cuando la presencia de los autocaravanistas no era significativa, se ha tomado equivocadamente por el colectivo como un derecho, un derecho que no está recogido en ningún texto legal. La aplicación de las normas con mayor o menor rigor depende al final de la presión que puedan ejercer localmente terceros.

Desde luego, esta situación no es deseable ni tampoco favorece los intereses de los autocaravanistas. Necesitamos un marco normativo homogéneo que nos permita conocer con seguridad qué está prohibido o permitido para no depender de la mala fe de un empresario de camping o del estado de ánimo de un agente del SEPRONA. Cambiar la norma o el ámbito de aplicación es una tarea pendiente que tienen los grupos organizados de usuarios de autocaravanas.

No todas las circunstancias están en contra de la pernocta, hay muchos argumentos legales y sociales que avalan la legitimidad de utilizar una autocaravana como alojamiento fuera de un camping. Para aplicar estos argumentos al diálogo con la administración es necesario identificarlos y conocerlos en todos los ámbitos, en el de la normativa de tráfico, importante como argumento, pero también en el ámbito de la acampada que es el escenario en el que las circunstancias nos han colocado. Pero antes es imprescindible establecer este diálogo identificando a los interlocutores y seleccionando a los representantes del colectivo de los usuarios, entre personas que sean capaces de ir más allá de la foto, que asuman una realidad consensuada entre el colectivo y que conozcan bien los argumentos.

No podemos permitirnos más fundamentalistas que solo saben recitar letanías o exhibir una Instrucción como si fuera una bula papal. No basta con repetir hasta el aburrimiento “duermo en un vehículo aparcado y por lo tanto no acampo” porque se usan las camas o literas que integra el vehículo y este dato es más evidente para los detractores que para los usuarios. Hay que demostrar que prohibir la pernocta en un vehículo aparcado fuera de un camping no responde a la defensa de los intereses públicos ni atenta contra el medio ambiente sino que únicamente está al servicio de la defensa de los intereses privados de un grupo de empresarios. Es necesario demostrar (y se puede) que pernoctar en una autocaravana fuera de un camping es un derecho que tienen los ciudadanos y que es un derecho reconocido en los países de nuestro entorno. Hay que demostrar que pernoctar en una autocaravana no vulnera los fines de las normas que prohíben la acampada libre y que el autocaravanismo practicado de forma responsable, de acuerdo con unas reglas justas, pactadas con los usuarios, es una actividad turística sostenible y de calidad.

Sin embargo, para optimizar los escasos recursos que puede aportar un colectivo poco numeroso y fraccionado, con un grave problema de identidad, lo primero que debe hacer es plantear un diálogo interno abierto que permita identificar el origen de los problemas que plantea la pernocta, los objetivos sobre los que se necesita actuar para revertir la situación, los medios a su alcance que se puedan utilizar y las metas alcanzables.

Si al final la mayoría del colectivo está de acuerdo en que la vía de la normativa de Seguridad Vial, como ámbito legal para regular la pernocta, es un callejón sin salida. Si además, el ámbito que se aplica actualmente, la acampada, no se corresponde con nuestra actividad, perjudica nuestros intereses y reduce lo que consideramos que son nuestros derechos, no queda otra alternativa más que encontrar otros ámbitos legales que, si no existen, habrá que crearlos.

Una tercera vía puede ser la de instar a las administraciones a dictar normas que regulen la pernocta en autocaravana, como una actividad lícita con los únicos límites del interés público y la defensa del medio ambiente, en el ámbito de la normativa turística y fuera de los Reglamentos que regulan el uso de los campings. Esta alternativa probablemente sea la más viable aunque sea también la que más esfuerzo requiera.

El País Vasco es el ejemplo de cómo, en el ámbito legal del Turismo, se puede crear normativa que legalice la pernocta fuera de un camping. En el País Vasco ningún autocaravanista puede ser denunciado por pernoctar en una autocaravana estacionada en un lugar autorizado, bajo las normas de tráfico, fuera de un camping. Esta norma no altera el tratamiento que en general o en los ayuntamientos en particular se aplique a la pernocta ni tampoco garantiza que no va a haber conflictos puntuales, que los hay, pero eleva la pernocta a un rango de derecho que no existe en la mayor parte del territorio español independiente del trato que, de hecho, se aplique a la pernocta por parte de las autoridades locales.

La propuesta de una norma que regule la pernocta, en particular el lugar, el tiempo y la forma, puede chocar contra la opinión de los autocaravanistas que prefieren un escenario libre de normas, lo cual es respetable, pero es necesario valorar si las normas van a reducir globalmente la libertad actual para pernoctar desde una perspectiva que abarque todo el colectivo. Es necesario tener en cuenta que, desde un punto de vista legal, cualquier norma que sitúe la pernocta fuera de la acampada libre definida como la “instalación de un albergue móvil fuera de un camping autorizado” será un avance porque cualquier facilidad para pernoctar que exista en la mayor parte del Estado no es consecuencia de un derecho, sino de la pasividad o permisividad de las autoridades locales.

Tenemos que ser conscientes de que la implantación del derecho a pernoctar no puede ser compatible con estancias prolongadas o el despliegue de la parafernalia que se realiza en un camping a menos que haya una autorización expresa de los propietarios de los espacios utilizados. La pernocta en el suelo público tiene que tener unas reglas para evitar los abusos o el uso indebido.

Las intervenciones de los colectivos autocaravanistas se deberían enfocar en los centros de decisión con capacidad normativa tales como las CCAA y Costas y, en su defecto, en los ayuntamientos siguiendo el ejemplo de Asturias. Los autocaravanistas no se pueden permitir el lujo de dejar las decisiones de las normas que les afectan bajo la influencia exclusiva de los empresarios de camping. La presencia en estos ámbito debe ser un objetivo prioritario que supere la división y el enfrentamiento interno. El objetivo debe ser el de establecer el derecho a pernoctar fuera de un camping como una actividad lícita y regulada. Derecho que hoy en día no existe legalmente en la mayor parte del territorio español.

La discusión sobre el papel de las áreas y su conveniencia, sobre si éstas tienen como riesgo la pérdida de la libertad de pernocta o si el asociacionismo es bueno o malo para el colectivo, son las ramas que impiden ver el bosque. La desunión del colectivo, la inoperancia de algunos grupos o sus dirigentes, la división o el discurso vacío de contenidos de algunos revolucionarios de salón que solo trabajan en los foros, son los obstáculos que impiden actuar al colectivo como masa social en la defensa de la pernocta libre, fuera de los campings con, ante o frente las administraciones.

Lo que hoy se necesita en el seno del autocaravanismo es el debate sosegado y abierto puesto que es una actividad de ocio que afecta a la familia además del conductor teniendo en cuenta de que cualquier uso lícito que se dé a la autocaravana es digno de respeto. Lo importante es crear medios, masa social y vías de diálogo entre los propios autocaravanistas y no obligar a que cada autocaravanista sea un soldado por encima de su vocación.

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